Son tres juzgados administrativos: dos en Querétaro y uno en Cadereyta.
Entrevista: José Medina
Texto: Marisela Angel Ruiz
Fotógrafo: Samuel Bernal
Juan Pablo Rangel Contreras nos recibe en su oficina para compartir sus impresiones, a un mes de ser nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Originario de Tula Hidalgo, Juan Pablo llegó a Querétaro hace 30 años y es aquí donde ha desarrollado su actividad profesional. Formó una familia al lado de su esposa y sus dos hijos. Estudió la Preparatoria en el CUDEC y es licenciado en Derecho por la UAQ, cuenta con un Diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana y un Diplomado en Alta Dirección por el ITESM Campus Querétaro. Su hobby es la lectura y el golf, que practica los fines de semana.
Durante 15 años trabajó en la iniciativa privada, en Libertad Servicios Financieros. Posterior a ello, se incorporó en la función pública como auditor superior de fiscalización del Municipio de Querétaro de 2009 a 2012 y, después, como director general del Sistema Estatal DIF durante tres años. Recientemente, fue propuesto por el gobernador Francisco Domínguez, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ante el Congreso Local, que lo designó magistrado propietario y, posterior a eso, en sesión de Pleno, fue nombrado presidente del Tribunal por sus compañeras magistradas.
Su función es resolver las controversias en materia administrativa de todo lo que sucede en el estado de Querétaro. “Derivado de una reforma constitucional, ahora formamos parte del sistema nacional y estatal de sistema anticorrupción. Esta parte se convierte en un tema muy importante que la ciudadanía requiere y demanda constantemente para evitar actos de corrupción por parte de los servidores públicos, es uno de los retos que como tribunal tenemos que llevar a cabo”, asegura.
“Damos continuidad a lo que se hacía como tribunal contencioso administrativo, para dirimir las diferencias que existen entre los particulares y las autoridades”, agrega. Anteriormente, era un tribunal unitario con un magistrado y tres juzgados administrativos. En 2017, una adecuación constitucional, agregó dos magistrados. “Ahora, hay un pleno con tres magistrados que trabajan para resolver de forma más pronta, expedita y adecuada los casos que son presentados ante nosotros. Trabajamos apegados a los principios jurídicos que la ley nos faculta y señala”, explica.
Uno de los grandes retos es lograr que las personas crean en las instituciones, que confíen en ellas ante casos de deshonestidad o abusos por parte de las autoridades, se den cuenta que aplican la ley y que los infractores son sancionados de acuerdo a las condiciones que cada caso amerite.
Juan Pablo invita a la ciudadanía para que se acerquen al tribunal y a los juzgados administrativos, presenten sus denuncias y demandas cuando algún acto les perjudique. “Contamos con defensoría de oficio para atender sus dudas y asesorarlos en las vías para hacer valer sus derechos” finaliza.
